El juicio al futbolista brasileño Dani Alves por presuntamente haber violado a una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 arrancó este lunes 5 de febrero de 2024 en un tribunal de la ciudad catalana.
La Fiscalía solicita nueve años de prisión para el exjugador del Barça o PSG por un supuesto delito de «agresión sexual con penetración», además de una indemnización de 150 000 euros (unos 162 000 dólares) para la mujer y otra década de libertad vigilada tras cumplir la condena.
Vestido con una camisa blanca y unos pantalones tejanos, el exinternacional brasileño, de 40 años, llegó directamente desde la prisión en la que lleva recluido más de un año, después de la que fue su primera declaración ante la jueza instructora.
Investigado ‘a sus espaldas’
Inés Guardiola, abogada del futbolista Dani Alves, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que anule la causa por agresión sexual, al concluir que se han vulnerado sus derechos porque fue investigado durante un mes «a sus espaldas» y ha soportado el «juicio paralelo» de la opinión pública.
En el trámite de cuestiones previas que ha dado inicio al juicio, la defensa de Alves, que ha pedido que el futbolista declare en último lugar -el próximo miércoles por la tarde, según lo previsto-, ha centrado sus alegaciones en detallar la retahíla de derechos fundamentales que considera han sido vulnerados en el caso, entre ellos a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías.
«Fue una investigación a sus espaldas», se ha quejado la abogada, que ha resaltado que ello impidió a Alves ejercer su derecho a la defensa y, entre otras cuestiones, someterse a una prueba para acreditar que la noche de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.
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También cree la letrada que la jueza que instruyó el caso vulneró el derecho a la defensa de Alves porque se le impidió acceder a la causa antes de su detención, los atestados policiales y documentos que se le facilitaron cuando ya estaba en el calabozo tras su arresto estaban mutilados y se concedieron apenas dos horas a su defensa para prepararse su declaración en el juzgado de guardia.
«Nunca tuvo oportunidad de defenderse de manera efectiva durante la instrucción», ha destacado la letrada, que también ha denunciado que no se autorizó un segundo reconocimiento médico de la víctima, como habían solicitado.
La abogada ha insistido que en este caso se ha vulnerado la presunción de inocencia de Alves porque ha sido sometido a un «juicio paralelo», mediante una «campaña mediática» y un «sometimiento tendencioso», con un goteo «constante e incesante» de informaciones para presentarle como un «agresor sexual», provocando el «convencimiento social» de que es culpable.
Ese juicio paralelo incluye las presunciones sobre su capacidad financiera. Según la abogada no es tan holgada como proclama la prensa sino que, al contrario, Alves sufre una «ahogada situación económica»: tiene una deuda de medio millón de euros con Hacienda, un embargo de 150 000 y su saldo bancario es de 70 000 euros.
Guardiola ha apuntado también que la jueza instructora se ha visto «contaminada» por los medios de comunicación y se ha producido una «flagrante» vulneración de los derechos de defensa. Por esto, ella cree que Alves no ha tenido un proceso «justo» ni «con todas las garantías».
También ha pedido que se revoque la decisión de la sala de que la grabación de la declaración de la víctima en el juicio -el único trámite a puerta cerrada- se haga con su voz distorsionada y su imagen pixelada, ya que entiende que ello pone en riesgo una «diligencia esencial» de cara a eventuales recursos, dado que la denunciante tiene que ser escuchada «con claridad». (EFE)