El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia podría ser anulado por el Consejo de la Judicatura. Exautoridades de la entidad ven con preocupación la insistencia de Wilman Terán en llevar adelante el proceso.
«Toda la ciudadanía rechaza este procedimiento trucho y oscuro de elección de jueces. Que le espera a la sociedad con jueces a la carta«, señala Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura sobre este proceso que genera cuestionamiento a la justicia ecuatoriana.
En el concurso de magistrados se encuentra manchado de inconsistencias, supuestos problemas informáticos e irregularidades que afectan a la transparencia para elegir a los representantes de la más alta corte del país.
El Colegio de Abogados de Pichincha junto con la Federación Nacional de Abogados han identificado al menos de irregularidades que afectan a los derechos de algunos postulantes y a la claridad que se requiere para este tipo de concursos.
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En la acción de protección, que se presenta en Quito, se indica a detalla los problemas. Por ejemplo, una postulante con más de 23 años de experiencia laboral recibió una calificación de cero sobre 24 y, por ello, la comisión de expertos es cuestionada por «intereses políticos«.
Además, la posibilidad de rendir nuevamente la prueba de confianza solo se habría notificado a 95 postulantes y una integrante de un tribunal de recalificación estaría involucrada en un presunto tráfico de influencias.
La presentación de una medida cautelar no sería suficiente para resolver los vicios del concurso, que arrancó con problemas. Por ello, se plantea como un acción correcta la nulidad del proceso y empezar la selección de cero.
Por su lado, el exdirector de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, coincide que hay suficientes elementos para declarar la nulidad. Asegura que en este concurso se vulneraron algunos principios consagrados en la Constitución, no hubo transparencia en la seguridad jurídica ni legítima.
Sin embargo, esta decisión debería tomarla el pleno del Consejo de la Judicatura, donde predominan las decisiones de Wilman Terán y Xavier Muñoz, ambos investigados por supuestos actos de corrupción.