La Asamblea Nacional tratará en segundo debate las 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, analistas advierten de un supuesto intento de politizar casos de corrupción específicos con estos cambios a la ley penal.
El paquete de reformas se debatirá de manera definitiva este jueves 15 de febrero de 2024. Dos cambios a la ley llaman la atención de analistas y expertos que advierten una amenaza a la independencia del sistema judicial.
La primera reforma es sobre la reserva de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado. En el artículo 584 se plantea que queden excluidos de la reserva los «organismos de control político como la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional» que podrían solicitar información de casos específicos.
Según el jurista Ramiro García, esto podría interferir en la investigación y arruinarla. «Lo que se busca va a ser politizar la investigación realizada por los fiscales y además interferir en esta investigación», advirtió.
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El constitucionalista José Chalco concuerda y añade que la Asamblea no debería tener potestad de intervenir en un caso penal. «Se podría sacrificar el resultado de un proceso por esta suerte de que, a vivas voces, se ponga lo que la fiscal está investigando», alertó.
Un segundo tema que analizan los expertos tiene que ver con el recurso de revisión. Este recurso se aplica por errores de hecho cuando se presentan nuevas pruebas determinantes para cambiar una sentencia, por ejemplo.
Sin embargo, la reforma plantea que este se aplique si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en calidad de entidades internacionales, identifiquen violaciones o errores en el debido proceso.
Chalco critica que el sistema judicial pueda verse sometido a «informes de comités internacionales que ningún sentido tienen y que lo único que nos está demostrando es que no interesan los hechos (…) quizás lo único que nos interesa es entregar la justicia, lamentable y penosamente, a bandas y bandidos».
Por su parte, García apunta a beneficiarios de esta reforma como «regalo de San Valentín». Habría casos y acusados específicos, especula el jurista.
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