Actualizado 22:02
Quito, EFE |
La organización Amnistía Internacional (AI) instó este miércoles 12 de febrero de 2025 a la Fiscalía de Ecuador a tomar acciones para buscar a 23 hombres desaparecidos tras operaciones militares en 2024, y en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para enfrentar al crimen organizado.
En una carta publicada en redes sociales y dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, Amnistía solicitó «que lleve a cabo de inmediato esfuerzos de búsqueda exhaustiva de todos los desaparecidos, y que investigue estos sucesos como casos de posible desaparición forzada«.
Las desapariciones señaladas por la organización internacional, entre las cuales hay cinco menores de edad, ocurrieron en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas.
Estas tres provincias se encuentran bajo los sucesivos estados de excepción emitidos desde inicios de 2024 por Noboa bajo el «conflicto armado interno» declarado por él mismo que, entre otras medidas, ordenan el despliegue de militares para participar en las labores de combate a las bandas criminales.
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«De acuerdo con las familias, las víctimas fueron vistas por última vez después de operativos militares llevados a cabo a lo largo de 2024 como parte de la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, conocida como ‘Plan Fénix’«, señaló Amnistía.
«En todos los casos, familias y testigos han denunciado a miembros del Ejército como los presuntos perpetradores», añadió.
Los 23 desaparecidos responden a los nombres de Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Lorca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Óscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil ha reunido los casos. Los familiares de los desaparecidos se contactaron con ellos después de la conmoción por el caso de cuatro niños desaparecidos y asesinados tras ser detenidos irregularmente por militares en Guayaquil.
En su informe, el CDH identificó un patrón de desapariciones cometidas durante operaciones militares. Señaló que la Fiscalía no ha investigado adecuadamente estos casos como posibles desapariciones forzadas, clasificándolos como «desapariciones involuntarias», según recordó Amnistía.
«La Fiscalía ha actuado así a pesar de las obligaciones consagradas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual Ecuador es Estado parte», agregó.
Amnistía también destacó que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha emitido acciones urgentes para varios de estos casos. En ellas, ha solicitado que se hagan esfuerzos para buscar a las víctimas y se tomen medidas para proteger a sus familias.
Derechos humanos durante la ‘guerra’
Se han registrado numerosas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos durante la «guerra» declarada por Noboa a las bandas criminales. Estas bandas son las responsables de la escalada de violencia que hizo que Ecuador tuviera, en 2023, la tasa más alta de homicidios en Latinoamérica.
Con la declaración de «conflicto armado interno», el Gobierno de Ecuador catalogó a las estructuras criminales como «organizaciones terroristas». Esto permitió el despliegue de militares para realizar operaciones contra ellas, incluida la militarización de las cárceles controladas por las bandas hasta ese momento.
Solo entre enero y julio de 2024 se registraron denuncias de al menos doce casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Además, cuatro casos de presuntas desapariciones forzadas y 95 de tortura, de acuerdo a los datos de la Fiscalía citados por Human Rights Watch (HRW). En 2023, el Ministerio Público solo contabilizó cinco denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales.
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