Nuevas diligencias se desarrollaron en el caso Plaga, que investiga el delito de delincuencia organizada. Este sábado 29 de junio del 2024, Fiscalía ejecutó allanamientos en cinco provincias.
Por ejemplo, en Santo Domingo se realizaron tres allanamientos a un inmueble particular y dos oficinas en la Unidad Judicial del cantón. Ahí, se incautaron «equipos electrónicos y otros elementos, que serán analizados para buscar indicios que aporten a la investigación», señaló la Fiscalía.
En esa misma provincia se hizo efectiva la orden de detención del juez de Garantías Penitenciarias, José G. En esa intervención, se encontraron indicios como equipos electrónicos y documentación.
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En cambio, en Milagro, Fiscalía ingresó al domicilio de una jueza penal, Adriana Z. Allí, los agentes encontraron 11 800 dólares en efectivo, un celular y documentos.
En Cuenca, Azuay, por su parte, se allanó al domicilio de Javier A. Entre los indicios recabados están documentos, dos celulares y dispositivos de almacenamiento de información.
Evidencias similares se encontraron en la casa de Bryan P., investigado en esta causa, en Chimborazo. En el inmueble se encontraron documentos, un DVR, celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico.
Además, en Pichincha, se allanó la propiedad de Michael H. ubicada en el sector «La Morita», en Tumbaco. Los uniformados no encontraron al sospechoso, ni se levantaron indicios (el lugar estaba vacío).
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 29, 2024
¿Qué es el caso Plaga?
En abril de 2024, Fiscalía formuló cargos contra 14 procesados dentro de este caso Plaga. Según las investigaciones, los imputados habrían abusado del derecho, a través del otorgamiento de acciones constitucionales a privados de la libertad, desde el 2022.
Según las pesquisas, los abogados Hugo L. y Lenin V., junto a otros colegas, habrían captado a personas sentenciadas o con prisión preventiva por delitos de asesinato, tráfico de drogas, entre otros, «para ofrecerles recuperar su libertad a través de acciones constitucionales ilegítimas«, que se tramitaban en cantones en los que los presos no se encontraban detenidos.
Estos favores, según Fiscalía, se ofrecían a cambio de dinero. Luego, era ofrecido a jueces y secretarios judiciales. La finalidad era de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales y obtener la libertad de los presos.
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