Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos

Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Riesgos, fueron procesadas la mañana de este sábado 18 de mayo del 2024.

Su detención se realizó tras allanamientos en Guayas y Tungurahua. La Policía Nacional junto a la Fiscalía ejecutan órdenes de detención contra tres personas identificadas como: Marco V., Carlos P. y Karina P. Además, las autoridades allanaron un inmueble en Guayas y las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) ubicadas en el centro de Ambato.

Según detalló la Fiscalía, en sus redes sociales, el objetivo de la intervención en la agencia del SRI, donde trabaja Karina P., es recabar indicios en la investigación. Allí agentes registraron computadoras y el lugar de trabajo de la detenida.

En imágenes difundidas por las autoridades del operativo en el caso Riesgos se observa a los uniformados de las unidades especializadas de la Policía irrumpir en la institución al igual que en otros inmuebles, donde fueron detenidos los involucrados.

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En las viviendas se encontraban documentos y automóviles de alta gama, entre ellos un Porsche Cayenne.

La servidora a cargo de este trámite habría recibido, analizado y luego archivado controles. Por lo cual, la Fiscalía solicitó los anexos que justificaron el archivo, pero fueron entregados completamente.

La Fiscal de la Unidad Antilavado reveló en la audiencia de formulación de cargos que el empresario imputado sería un prestamista informal y tendría al menos 15 demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagarés de distintas personas.

La jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para los tres procesados.

La magistrada no acogió el pedido de incautación, pero ordenó la prohibición de enajenar al menos 14 inmuebles identificados por Fiscalía. De ellos, 9 se encuentran en la provincia de Tungurahua y 5 en Pichincha.

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