La Iglesia católica colombiana alertó, este sábado, de la posible connivencia entre miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales en el selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, que está en alerta por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN.
Una docena de obispos y arzobispos de la región del Pacífico y del suroeste de Colombia convocaron en un comunicado al Estado a «atender las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la fuerza pública con grupos ilegales».
Esas demandas, agregaron, las expresaron organizaciones sociales y de derechos humanos, así como la Diócesis de Quibdó, la capital departamental del Chocó (fronterizo con Panamá).
VIOLENCIA EN EL CHOCÓ
En esa región operan las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las paramilitares AGC y otras bandas criminales que amenazan y ponen en riesgo constante a los pobladores de esta parte del país.
El pasado 2 de enero el defensor del Pueblo del Chocó, Luis Murillo, denunció que los habitantes del caserío Pogue, que hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado, iniciaron 2020 confinados por la presencia de hombres armados de las AGC.
La masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo de 2002, cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC durante un combate con paramilitares por el control territorial cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.
En los últimos días el líder social Leyner Palacios abandonó Bojayá por amenazas de muerte y se reunió esta semana en Bogotá con el presidente colombiano, Iván Duque, al que le pidió retomar los diálogos de paz con ELN para evitar más violencia en la región.
En ese sentido, la Iglesia católica pidió a las autoridades «establecer condiciones de vida digna y mecanismos de protección para las comunidades y líderes sociales, tanto a Leyner Palacios como a los otros liderazgos que están en riesgo».
«Por su parte, los grupos armados deben entender su condición de agresores de la población civil y, por lo tanto, asumir el rechazo del que son objeto a causa de sus acciones delictivas», añadió.
Es por ello que los obispos y arzobispos se sumaron al llamado de Palacios, ganador en 2017 del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, de «encontrar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado».
«Con el ELN para lograr un acuerdo de paz, y con las AGC y estructuras similares, para que se posibilite un acogimiento colectivo a la justicia. Esperamos la respuesta sincera de los diversos actores, mediante gestos concretos de verdadera voluntad de paz», apostillaron.
CONFLICTO EN OTRAS REGIONES
La Iglesia también alzó su voz para «retomar el sendero de la paz en la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos» teniendo en cuenta las difíciles situaciones que viven comunidades de otras regiones como Buenaventura, principal puerto de Colombia en el Pacífico, y los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador.
«En diversos momentos hemos advertido sobre las dificultades que viven muchas personas en el territorio del Pacífico y suroccidente, y hemos solicitado al Estado colombiano una solución integral que resuelva las causas estructurales que están en la raíz de la crisis humanitaria», aseveró la Iglesia.
El comunicado fue firmado por los arzobispos de Cali, Darío Monsalve, y de Popayán (Cauca), Luis José Rueda, así como los obispos de Quibdó, Juan Carlos Barreto; de Istmina-Tadó, Mario Álvarez; de Apartadó , Hugo Torres; de Mocoa-Sibundoy , Luis Maldonado; de Buenaventura, Rubén Jaramillo; de Ipiales, José Saúl Grisales; de Tumaco, Orlando Olave, y de Palmira, Édgar García.
FUENTE: EFE