ONU expresa preocupación por denuncias de hostigamiento político y persecución contra la Vicepresidenta de Ecuador

Actualizado 18:00

Redacción Telelamazonas.com, EFE |

La relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, y el experto independiente sobre el orden internacional, George Katrougalos, expresaron su profunda preocupación por el hostigamiento político, administrativo y judicial contra la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad.

En un comunicado emitido este martes, 18 de febrero del 2025, aseguraron que los ataques podrían suponer «un alarmante precedente que pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador».

Además, que este tipo de acciones «socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola principios fundamentales de igualdad y no discriminación«, aseguraron desde ONU.

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Añadieron que medidas adoptadas contra la vicepresidenta como su exclusión arbitraria de sus funciones, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial contra su entorno familiar y legal constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y del Estado de derecho.

«La vicepresidenta Abad ha enfrentado una serie de medidas coercitivas, incluyendo su designación como ‘Embajadora para la Paz’ en el conflicto palestino-israelí sin recursos adecuados, y su traslado forzoso a Israel y posteriormente a Turquía, lo que comprometió su seguridad personal y familiar», afirmaron.

Suspensión por 150 días

Otros ejemplos de hostigamiento, agregaron, serían el proceso administrativo irregular en su contra en septiembre de 2024 por «abandono injustificado del cargo». Esto, a pesar de que su ausencia fue resultado de una orden ejecutiva del Gobierno, o su suspensión sin remuneración por 150 días en noviembre.

Los expertos también expresaron su preocupación por la presunta detención arbitraria del hijo mayor de la vicepresidenta durante 46 días, así como por la de su abogado.

«Estos actos parecen constituir un uso indebido del sistema judicial para reprimir y silenciar a una alta funcionaria del Estado y a su equipo legal, en violación de los principios del debido proceso e independencia judicial», sostuvieron los expertos.

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