La Asamblea tiene previsto pronunciarse sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad el próximo miércoles, 13 de noviembre del 2024. La presidenta de la Asamblea Viviana Veloz (correísmo) convocó a sesión del Pleno para las 15:00 de ese día.
El orden del día de la continuación de la sesión 963 incluye como segundo punto “conocer y resolver sobre el oficio suscrito por María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República”.
Ese oficio fue enviado mientras Henry Kronfle aún era presidente del Legislativo. Sin embargo, cuando fue convocado por primera vez el Pleno para la sesión 963, ese punto no se abordó.
Ahora, la Asamblea tratará el pedido de la Vicepresidenta después de que se conoció la decisión del Ministerio del Trabajo sobre sancionar a Abad por una falta grave establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público.
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El primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera (PSC) dijo que mañana, 12 de noviembre, se reunirán las bancadas para “hilvanar algunas ideas y sacar conclusiones de cuál es el radio de acción sobre el cual debe pronunciarse la Asamblea”.
Vera recordó que después de 90 días se podría configurar un abandono definitivo del cargo y con eso abrir el paso para una destitución. Esto porque la sanción fue una suspensión temporal sin sueldo por 150 días.
Por su parte, el legislador de Construye Jorge Peñafiel indicó que este tema no pasa por las afinidades o reparos a la Vicepresidenta. “Es un tema de proteger y respetar los principios de la Democracia”.
La Revolución Ciudadana también cuestionó lo resuelto por el Gobierno en el caso de Abad. El asambleísta Leonardo Berrezueta dijo que no puede haber una sanción a una Vicepresidenta mediante un sumario administrativo.
Ministra del Trabajo se pronunció sobre situación de Abad
Ivonne Núñez, ministra del Trabajo dijo esta mañana que Abad no está inhabilitada de su cargo sino suspendida. También dijo que la Vicepresidenta goza de todos sus derechos políticos.
“Ella no esta inhabilitada. Está suspendida. Goza de todos sus derechos políticos. Se cumple con el artículo 23 del Pacto de San José que señala que existe violación de Derechos Humanos cuando se coarta la posibilidad de que una persona que enfrenta un sumario administrativo en el sector público se le suspendan sus derechos políticos”.
La Ministra del Trabajo dijo que la decisión se origina de la acción de protección que presentó Abad y sobre la cual una jueza constitucional determinó que el Ministerio de Trabajo continúe con el proceso.
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