Por Elena Reina
En el portal del número 11 de la calle doctor Fleming de Paiporta se concentraba, a pequeña escala, la desesperación de un pueblo. Tratando de calmar los ánimos había un capitán y un cabo del Ejército de Tierra con barro hasta las orejas, mientras dos bomberos de la UME, con una manguera parada encogían los hombros.
Había también seis técnicos enviados por el Ayuntamiento tomando muestras del fango y cuatro voluntarios dispuestos con cubos y palas. Frente a todos ellos, seis vecinos que les gritaban: “Ahí abajo lo que tenemos es mierda, señores. Y no podemos más”.
La realidad que viven estos días los pueblos anegados por la dana del 29 de octubre, que arrasó el sur de Valencia, se palpa en este rincón, pero se repite en cientos de esquinas.
Hay todavía al menos 428 sótanos en solo seis municipios, según las cifras de los administradores de fincas, con los garajes llenos de lodo mezclado con comida podrida, gasolina y aguas fecales, sin que exista un plan coordinado para vaciarlos.
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Son los vecinos quienes deben adelantar cantidades disparatadas por hacerlo. Y se sienten, una vez más, solos ante el reto no ya de sobrevivir a una riada, sino de hacerlo con un mínimo de dignidad.
La urgencia de vaciar los garajes no es una cuestión solo de salubridad. Hasta que no se vacíe el fango, los fontaneros o electricistas no pueden hacer los arreglos pertinentes para dotar de los servicios de agua y luz a las instalaciones; tampoco un perito puede acceder a valorar el estado de las fincas.
El lodo bajo sus pies retrasa cualquier tipo de avance hacia una vida medio normal. Además, según los expertos consultados, ni siquiera se puede determinar el grado de deterioro que puede provocar la inundación de los garajes para los cimientos o la estructura, tampoco si cada día que pasa, todo puede empeorar.
Los gritos cada vez son más fuertes. Después del miedo, de la pena y el duelo, la rabia de sentirse abandonados continúa: “Nadie ha venido a ayudarnos. Los militares nos dicen que no pueden sacar esta porquería a mano porque es mucho. Hacen falta máquinas, ¿dónde están? Nos piden que las paguemos nosotros, que hemos perdido tanto. Es increíble”, se queja este miércoles Carmen, vecina de 75 años.
Algunos ayuntamientos, consultados por este diario, alegan carecer de máquinas disponibles y piden paciencia. Aunque coinciden en que esta es la urgencia principal estos días.
“Primero, los servicios de emergencia se concentraron en buscar víctimas; después, en despejar las calles; luego, en resolver la red de alcantarillado que sigue colapsada; pero esto no se ha podido atender todavía por la falta de medios”, reconoce el concejal de Urbanismo de uno de los municipios más dañados, Catarroja, Martí Raga.
Otro de los problemas que plantea el lodo es que no hay tampoco un plan para el vertido de residuos, que evalúan con los técnicos el nivel de toxicidad. En algunos municipios alertan de los riesgos de tirarlos a la calle, por el problema de salud pública que puede acarrear.
Y han registrado cómo algunos camiones están vaciando el barro de nuevo en el barranco, con la problemática ambiental que eso puede generar. Lo han denunciado al Seprona y hay hasta 45 puntos detectados por la Guardia Civil, según fuentes municipales.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala, explica que el principal problema que han enfrentado las fincas de vecinos han sido los cambios de criterio desde la administración pública de cada municipio en cuanto a qué se tenía que hacer con el lodo de los garajes una vez extraído.
“Había poblaciones que permitían a los vecinos que lo extrajeran por su cuenta, con compañías privadas; mientras en otros lugares no estaba claro y los vecinos, sin ver avances públicos, se han arremangado y lo han sacado de los garajes. Y otros, que cuando contrataban a una empresa, el Ayuntamiento les prohibía sacar los residuos por un peligro sanitario”.
Hacer caja con la tragedia
La desesperación de los vecinos se ha convertido en un terreno fértil para que algunas empresas hagan caja con la tragedia. Este diario cuenta con algunas facturas. Una de ellas pide 4 840 euros al día por un servicio de extracción de lodo en un sótano en Paiporta con 150 plazas. Una cantidad que se debe multiplicar, como mínimo, por 10 días de limpieza, unos 48.400 euros.
“Es una cifra que al menos triplica un precio razonable”, apunta un perito con décadas de experiencia en catástrofes naturales. Unos precios elevados pese a que cuentan con decenas de voluntarios y miembros del Ejército y bomberos para colaborar gratis.
Este diario ha pedido presupuestos en algunas empresas de limpieza, que aseguran que ni siquiera están dispuestas a vaciar el lodo, por el peligro de rotura de las máquinas. Aconsejan que los vecinos llamen cuando esté retirado “lo gordo”.
O sea, que lo retiren a mano. Una vez que eso suceda, el precio por día ronda los 2.740 euros, para un garaje mediano, con dos máquinas y seis operarios. “Estamos trabajando en una finca desde hace cuatro días y no avanzamos. Es inviable. No estamos dando presupuesto con lodo porque tendríamos que facturar precios estratosféricos”, cuenta la encargada de una empresa de la Comunidad Valenciana.
El problema que plantean estas cantidades, algunas inasumibles para fincas modestas, es que ni siquiera están seguros de si se lo van a devolver después desde el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), la entidad encargada de cubrir los riesgos por desastres naturales.
“El Consorcio tiene un límite del 4% de la cifra asegurada para el desembarre. Podrán hacer excepciones, pero si se multiplican de esta manera los precios, puede que sean los vecinos los que tengan que hacerse cargo del exceso”, señala el perito.
Estas comunidades además tienen que cargar estos días con otras derramas importantes, como los ascensores (unos 50.000 euros por ascensor, señalan los administradores). Y son vecinos que han perdido ya demasiado, la mayoría no tienen ni siquiera un vehículo con el que moverse.
El CCS ha recibido en tan solo dos semanas casi 175.000 solicitudes de indemnización. Un volumen de expedientes que supera al que normalmente tramita el CCS en un año y que amenaza con colapsar su sistema.
De acuerdo con las primeras estimaciones, los pagos superarán los 3.500 millones de euros, convirtiéndose en el mayor siniestro asumido jamás por el seguro español.
El gran problema ahora es la capacidad del Consorcio para tramitar de forma ágil los miles expedientes: 83.000 por vehículos de motor, 44.000 solicitudes por daños en viviendas, 2.500 por riesgos industriales. Y la cifra sigue en aumento.
La coordinadora de administradores de fincas de Paiporta y Albal, Asunción Rausell, explica el caos que se vive estos días. “Estamos tratando de coordinarnos con los ayuntamientos, pero los municipios están saturados, no tienen capacidad para resolver la situación”, se queja.
“La UME y los bomberos iban a retirar el lodo, los coches y el agua de los garajes, pero esa decisión del viernes el lunes ya no era operativa y ha desbordado a los ayuntamientos. Nos hicieron recabar autorizaciones para la retirada de los coches y luego autorización para entrar en los edificios. Hemos remitido todas y estamos a la espera. Pero los vecinos están muy nerviosos y piden soluciones”, cuenta.
Los gritos de las calles de Paiporta no parecía que se escucharan en Madrid. A ningún vecino le importaba este miércoles en el número 11 de la calle doctor Fleming el futuro de Teresa Ribera, ni la retahíla de insultos en el Congreso, ni siquiera mencionan ya la dimisión de su presidente, Carlos Mazón.
La desesperación de los pueblos de la huerta valenciana, arrasados hace más de 22 días, se canaliza con algo más inmediato: no respirar podredumbre, que no se les caigan sus casas.
“Al final serán los propios vecinos los que acaben retirando el lodo de los garajes”, se resigna Rausell. Temen que cada día que pasa haya menos voluntarios, que el fango se acabe secando y puede que cueste más trabajo sacarlo.
Frente al grupo de militares, bomberos y técnicos, una vecina que escuchaba paciente cómo nadie podía hacer nada todavía, acababa de tomar una decisión: “Miren lo que les digo, señores. Este mismo sábado vamos a sacar toda esa porquería nosotros, con nuestras manos. Y la vamos a tirar en la calle. Si luego nos multan, ya veremos. No sé si lo entienden, son nuestras casas y no vamos a esperar más”.
No ha sido la única. En casi cada calle de Paiporta hay grupos de vecinos armados de palas y cubos arrastrando fango ya sólido de sus sótanos sin que una autoridad los interrumpa. Una de las lecciones aprendidas a la fuerza de esta tragedia es que no pueden permitirse esperar a la coordinación del Estado ni un minuto más.
Contenido publicado el 21 de noviembre de 2024 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.También en Teleamazonas:
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